El uso de las armas en las empresas de Seguridad Privada

FeS UGT Andalucia critica que la Junta propicia el intrusismo en el sector

AENA obliga a las empresas de seguridad a cubrir riesgos ilimitados por atentados.

Matan a un Vigilante de Seguridad en el atraco a un supermercado de Barcelona

El plan del Real Madrid reduce la agitación de Ultras Sur.

04/07/ 2003
El Mundo

Siete hombres armados atracan una tienda en el Parque Oeste de Alcorcón.  

13/06/ 2003
El Mundo

Una cajera y un vigilante, heridos en un atraco en Ciudad Lineal.  

(22/09/2001)
Diario de Las Palmas 

Interior investigará la vigilancia privada en parques desde que reciba denuncias.  

Los pilotos proponen llevar a bordo un guardia de seguridad.  

El plante de los vigilantes privados saca a la luz falta de seguridad en Manises.  

Los V.S no harán horas extras como protesta.   

Un V.S. herido de gravedad tras un tiroteo en Torrejón de Ardoz.  

Un vigilante de seguridad fallece en accidente laboral en su primer día de trabajo.  

Canarias precisa unos mil V.S. pese a la falta de cualificación. 

(29-01-2008) Expansión.com

El uso de las armas en las Empresas de Seguridad Privada.
 

 

Se estudia la responsabilidad de una empresa de seguridad privada por el uso de las armas por parte de sus empleados fuera del lugar de trabajo. Finalmente, el tribunal hizo también responsable de los hechos a la compañía.

José María Carpena / Sagardoy Abogados.

El trabajador era vigilante de seguridad en una gasolinera, teniendo a su disposición una pistola. La empresa carecía de un armero para guardarla, por lo que el empleado se la llevaba a su casa todos los días tras su jornada. Éste estaba separado y tenía problemas con su ex mujer. Un día se presentó en el domicilio de ella, matándola, hiriendo a su hermana e intentando suicidarse. Tras la condena penal, se exigió la responsabilidad de la empresa por los actos de su empleado.

 Éste estaba separado y tenía problemas con su ex mujer. Un día se presentó en el domicilio de ella, matándola, hiriendo a su hermana e intentando suicidarse. Tras la condena penal, se exigió la responsabilidad de la empresa por los actos de su empleado.

 La compañía se oponía a esta posibilidad, alegando la inexistencia de causalidad entre carecer del armero legalmente exigido para guardar las armas y el asesinato y lesiones cometidas por el trabajador. A este argumento se opuso el tribunal señalando la falta de colocación, tanto en los lugares de trabajo como en sus propias oficinas, de los armeros y cajas de seguridad necesarios para la custodia de las armas fuera de las horas de servicio; además, señaló el tribunal la autorización dada a los vigilantes para que mantuvieran la tenencia de dichas armas fuera de las citadas horas. Todo ello con clara y consciente infracción de las obligaciones que el artículo 10 del decreto de 10 de marzo de 1978 impide, máxime cuando el autor material del daño tenía antecedentes psiquiátricos y graves problemas familiares.

 Lo ocurrido revela la existencia de la causalidad material o física, pero también de la causalidad jurídica, en cuya virtud cabe imputar a una persona un resultado dañoso como consecuencia de su conducta sin perjuicio, en su caso, de la valoración de la culpabilidad para poder apreciar la responsabilidad civil, que en el caso pertenece al campo extracontractual.

 Para determinar la responsabilidad de la empresa, el tribunal no sólo consideró la inexistencia del armero, sino también la disponibilidad privada del arma y las circunstancias personales del vigilante. No cabe comparar el arma de fuego, por su potencial mortífero y facilidad para la ejecución del hecho lesivo, con otras posibilidades de ejecutar el crimen, ni cabe prescindir de las relevantes circunstancias concomitentes, especialmente teniendo en cuenta el tipo de arma utilizado y el sistema restrictivo para su tenencia y disponibilidad del ordenamiento jurídico.

Sentencia completa

(23-10-2006) Europa Press

FeS UGT Andalucía critica a la Junta por propiciar el intrusismo en el Sector.
 

 

La Federación de Servicios (FeS) de UGT-Andalucía, criticó el "intrusismo laboral" en el sector de la seguridad privada que "promueve" la Junta de Andalucía, al "asignar funciones propias de los vigilantes a personal laboral y crear la categoría de auxiliar de seguridad en concursos públicos", como los del edificio Torretriana y el hospital Torrecárdenas de Almería.

El responsable sectorial de Seguridad Privada de FES UGT-A, Francisco Jesús Fernández, indicó en una nota que el Ejecutivo andaluz "mantiene una actitud contradictoria con el discurso del Grupo Parlamentario Socialista, que en una reciente comparecencia parlamentaria instó a hacer un seguimiento continuo del sector de la seguridad privada, para evitar el intrusismo y la competencia desleal, por considerarlo de extraordinaria importancia y que influye en la seguridad ciudadana de vida y bienestar de las personas".

Para FES UGT-A, los concursos públicos para la seguridad del edificio Torretriana de Sevilla y del hospital Torrecárdenas de Almería, con la creación de la figura auxiliar de seguridad --categoría laboral no contemplada en la legislación de seguridad privada-- "para suplir la del vigilante de seguridad habilitado"; la designación de guardias civiles en la reserva para suplir los puestos de los vigilantes de seguridad de los juzgados; o la implantación de empresas de servicios en algunos órganos dependientes de la Junta en Huelva, "son algunos ejemplos de esta práctica de la Junta que pone en peligro los puestos de trabajo de miles de andaluces y los suple con categorías cuyo salario ronda los 600 euros".

El sindicato criticó la "ilegalidad y gravedad" de esta situación, ya que "se están suprimiendo puestos de trabajo de personal cualificado y habilitado por el Ministerio del Interior".

Por otro lado, dicha federación anunció que pondrá en marcha un curso de vigilante de seguridad "ante la fuerte demanda en este sector que nos empuja a promover la formación para esta titulación".

"El sector de seguridad privada es uno de los que mayor demanda de trabajadores está teniendo en estos momentos, de forma que, según datos de las organizaciones empresariales de este sector, existe un déficit de cerca de 15.000 trabajadores para cubrir las necesidades del sector", añadió.

La Federación de Servicios impartirá en todas las provincias andaluzas cursos gratuitos para la obtención del titulo de vigilante de seguridad. Estos cursos están enfocados a la formación de trabajadores de las empresas pertenecientes a los sectores que carecen de convenio y de las empresas de sectores en declive o reconversión.

(23-10-2003) El País

AENA obliga a las empresas de seguridad a cubrir riesgos ilimitados por atentados.
 

La empresa pública les exige por vez primera un seguro por "guerra, terrorismo y similares" 

La empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) obliga a las empresas de seguridad privada a asumir una responsabilidad ilimitada por riesgos de "guerra, terrorismo y similares". Una condición nueva en los concursos de seguridad para los aeropuertos que traslada a las compañías de seguridad la responsabilidad civil en casos de atentados, después de los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001. Las compañías están dispuestas a suscribir una póliza de 120 millones de euros, que es el mínimo exigido por AENA, pero a partir de esa cantidad han decidido plantarse. Se trata del contrato estrella del sector por el que las empresas de seguridad compiten para ofrecer sus servicios durante un periodo de cuatro años a todos los aeropuertos españoles. El próximo 20 de noviembre concluye el plazo de presentación de ofertas, y pese a los 74,3 millones de euros anuales que hay en juego, las grandes compañías no están dispuestas a acudir, según manifiestan fuentes del sector, entre las que figuran firmas como Securitas, Prosegur, Prosesa, Vinsa, Segur Ibérica, Imán y Cess.

Para este concurso, la empresa pública AENA ha incluido una nueva cláusula sobre responsabilidad civil "por daños materiales y/o personales como consecuencia de riesgos de Guerra y Terrorismo y similares" que ha sorprendido a las empresas. Esta novedosa exigencia se sustenta en la inseguridad surgida tras los atentados terroristas de Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001. Esas acciones terroristas han multiplicado por cuatro el coste de los seguros relacionados con la aviación.

El valor mínimo de las pólizas que deben suscribir las compañías de seguridad que opten al concurso es de 120 millones de euros en el caso de los aeropuertos de primera categoría para cubrir los daños por atentados, según las condiciones de AENA. Esta cantidad se reduce hasta 90 millones para los de segunda y a 50 millones para los de tercera. Estas categorías se otorgan en función del número de pasajeros que anualmente transitan por los aeropuertos. El contrato se reparte entre distintas empresas y no queda encomendada la seguridad de los aeropuertos a una sola.

Fuentes de AENA han confirmado la inclusión, por primera vez, de esta cláusula. "Exigimos ese mínimo para que puedan afrontar sus responsabilidades en caso de un acto terrorista. Además, aunque no estableciésemos ninguna cláusula un juez podría exigir estas responsabilidades a las compañías, y estarían en la misma situación". No obstante, AENA ya cuenta, según esas fuentes, con una póliza de 1.000 millones de euros para casos de terrorismo. Por lo tanto, la exigencia que ahora pide a las compañías de seguridad abundan en ese sentido.

Nuevas funciones

Hasta la fecha es el Estado el que cubre los costes de un atentado terrorista. Las compañías han venido cubriendo riesgos de "responsabilidad en daños materiales o personales derivados de su actividad o de la circulación de vehículos dentro de la zona restringida del aeropuerto", tal como se recoge en el anterior concurso. En ningún caso se les exigía una responsabilidad civil específica por actos de terrorismo.

Además, han asumido nuevas responsabilidades desde enero de este año con la aprobación del reglamento comunitario sobre empresas de seguridad el pasado diciembre. Por ejemplo, se les han delegado nuevas funciones y se les hace responsables de la seguridad de la bodega de la aeronave, misión que antes compartían con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las compañías de seguridad entienden que se trata de una responsabilidad ilimitada por cuanto que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, no se establece en el concurso la actuación subsidiaria de AENA o del propio Estado cuando el siniestro supere los 120 millones de euros exigidos en la póliza.

Desde el sector de empresas de seguridad apuntan que se han solicitado informes jurídicos sobre esta responsabilidad ilimitada en casos de terrorismo o guerra y sus asesores les recomiendan que no acudan al concurso. "Un siniestro grave podría suponer la descapitalización de la empresa. Por ejemplo, si se produjese un atentado terrorista similar al del 11 de septiembre y se nos declarase responsables pondríamos en peligro el patrimonio de toda la compañía", explica un responsable de una de las principales compañías de seguridad que operan en España. "Por ello, preferimos no acudir al concurso y no arriesgarnos a hundir nuestras empresas".

(20-10-2003) ABC

Matan a un Vigilante de Seguridad en el atraco a un supermercado de Barcelona
 

Los Mossos d´Esquadra localizaron ayer un turismo Opel Kaddet blanco en el que huyeron los dos atracadores que la tarde noche del sábado asesinaron a un Vigilante de Seguridad en un supermercado de la población barcelonesa de Mollet del Vallès. 

La alcaldesa de la localidad, Montserrat Tura, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren y aporten pistas que conduzcan a la detención de los delincuentes. La petición de la alcaldesa estaba justificada: cuando los atracadores asaltaron el supermercado «Esclat», todavía permanecían en el interior numerosos clientes que presenciaron atónitos el atraco y el asesinato de Ángel M. P. de 43 años, que realizaba labores de vigilante, y que intentó detener a los delincuentes.

Los testigos presénciales destacaban ayer la brutalidad empleada por los dos atracadores. El Vigilante, que iba desarmado, falleció por las heridas con arma blanca que recibió en el tórax. La alcaldesa de Mollet señaló que «esta violencia incomprensible» hace sospechar que los atracadores habían consumido algún tipo de droga. Según los primeros datos, los autores del atraco portaban capuchas y una bolsa de deporte. Por su indumentaria deportiva y por la agilidad de la que hicieron gala al abandonar el supermercado y emprender la huida, se da por hecho que se trataba de dos personas jóvenes.

La Policía y los servicios médicos fueron avisados del suceso a las 20.54 horas del sábado, pero ya nada pudieron hacer por salvar la vida de Ángel M. P., que perdió la vida hacia las 22 horas. Antes de perpetrar el atraco, los sospechosos robaron el Opel Kaddet en la A-7, cerca de la entrada de Mollet. Tras perpetrar su fechoría, lo abandonaron a las afueras de la ciudad. Huyeron con una cantidad de dinero aún sin cuantificar.

(13-10-2003) EL PAIS

El plan del Real Madrid reduce la agitación de Ultras Sur
 

Los incidentes provocados por los violentos casi han desaparecido en las tres últimas temporadas con la estrategia actual del club 

El estadio es grande, le sobran puertas, pero los ultras del Real Madrid sólo pueden entrar por la 28. Son aproximadamente 700. En otros tiempos, cuando Ultras Sur tenían una apreciable cuota de poder en el club, cerca de 2.000 fanáticos ocupaban el mismo graderío que ahora, aunque en circunstancias muy diferentes. No encontraban obstáculos físicos para moverse en el fondo sur. En realidad, sentían que el estadio era suyo. Disponían de un cuarto de banderas y levantaban puestos de venta de parafernalia ultra dentro del Bernabéu. Eran un peligro, por supuesto, pero los dirigentes del Madrid apreciaban sus servicios como fuerza de choque, su eficacia como guardia pretoriana, el carácter disuasorio de sus actuaciones. Eran muchos y eran violentos. Se consideraban un poder fáctico y así funcionaban, con notoriedad y escasa vigilancia.

Nada les detenía. De hecho, su apogeo fue el comienzo de su perdición. Ellos fueron los responsables del derribo de la portería en el partido frente al Borussia de Dortmund, en 1998, un vergonzoso borrón en la historia del Madrid. Fueron trasladados a las zonas altas del estadio y luego descendidos a la parte baja de la tribuna. No ocupaban el fondo sur, pero eran igual de temibles. Un dolor de cabeza. Un problema difícil de atajar. Con ese panorama se encontró Florentino Pérez cuando alcanzó la presidencia del Real Madrid.

Pocas semanas después de las elecciones, el club elaboró un plan de actuación y se lo dio a conocer al grupo Ultras Sur. Si había un problema, y existían buenas razones para pensarlo, el Madrid quería tratarlo a través de la escrupulosa observancia de la ley. Los ultras tendrían que cumplir las normas, aceptar los códigos que funcionan para el resto de los socios y perder algunos privilegios muy sensibles. "Queremos 400 entradas en cada partido, una subvención del club y dinero para los desplazamientos", fue la contestación al plan de los dirigentes del Real Madrid. "No", fue la respuesta, que vino acompañada de una serie tajante de medidas: nada de moverse libremente por el estadio, prohibición de consignas políticas, ninguna subvención, ninguna financiación de viajes -no es posible beneficiarse del tratamiento de peña cuando Ultras Sur no es una peña legalmente constituida-, ninguna entrada gratuita, bienvenido el apoyo desde la grada, supervisado por el club, naturalmente. Un último detalle: podían regresar al fondo sur.

El club no les quería en las gradas altas por la amenaza del lanzamiento de objetos, ni tampoco en lugares donde existiera el peligro de mezclarse con el público. El fondo sur tenía una ventaja: se podía acotar un sector para los ultras y disponía de una entrada directa desde la calle, la puerta 28. Sólo ellos acceden al estadio por esa vía.

En algunos sectores se interpretó como un signo de debilidad de la nueva directiva, pero los ultras regresaron a su edén particular en condiciones muy diferentes a las anteriores. Había que cumplir las normas, condición innegociable para el club. Una norma establece que cualquier socio envuelto en actos violentos, dentro o fuera del estadio, es expulsado inmediatamente del Madrid. Otra es de carácter vinculante: los ultras negocian su abono cada año y de forma individual, con la obligación de adjuntar su foto. Con el abono reciben un documento de siete puntos que les compromete bajo firma. Entre esos puntos figura la retirada del abono en el caso de vulnerar lo establecido por la ley del Deporte en la prevención de la violencia. También pierden su abono si ceden el documento a otra persona y ésta se involucra en acciones antideportivas. La ausencia en siete partidos deriva en la expulsión. Los ultras están informados de la media de reposición de asientos en el estadio. Si la superan, el precio de reposición se les añade a sus abonos (en los tres últimos años la zona de los ultras ha sido la mejor conservada del estadio). Con los nuevos tornos dobles se verifica que cualquier ultra que sale del estadio no puede entregar su documento a otra persona. Saben también que su zona está acotada y controlada por 14 guardias de seguridad. Ya no tienen cuarto de banderas, ni chiringuitos dentro del estadio para vender su parafernalia. El Madrid está dispuesto a ayudarles económicamente en la confección de las grandes banderas de animación, siempre y cuando no exhiban los colores de la bandera española en los partidos de Liga. Las consecuencias están a la vista: los ultras prácticamente no han viajado con el equipo en los últimos tres años, no reciben apoyo económico, ni entradas gratuitas. No hay protagonismo, ni negocio. Son menos y sólo hace falta acudir al estadio para saberlo: hay ocasiones en las que el fondo está medio vacío. Por el camino, el número de incidentes protagonizado por los ultras en el Bernabéu se ha reducido casi a cero.

(02-10-2003) ABC

El plan de seguridad de Aguirre, candidata popular a la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, prevé combatir la delincuencia con un vigilante en cada colegio de Madrid
 

La candidata popular a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha apostado fuerte por la seguridad ciudadana, hasta tal punto que la ha calificado como un "objetivo prioritario" del PP si el 26 de octubre los madrileños sale elegida. Además, tiene pensado elevar la Consejería de Interior a rango de Vicepresidencia.

Aguirre explicó que el plan de las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana (Bescam) es el resultado de un "análisis muy minucioso" que ha llevado a la conclusión de que Madrid necesita más policías en la calle. Por ello, se mostró partidaria de reforzar la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -tanto del Estado como de los municipios- y de aprovechar mejor todos los efectivos policiales a través de una mayor coordinación y cooperación.

Bescam supondrá el despliegue de 5.500 nuevos policías en las calles, de los cuales 3.000 serán nacionales -a través de convenios con el Ministerio del Interior- y 2.500 policías locales, "seleccionados y formados por la Comunidad de Madrid". Esta cifra supone que los efectivos policiales se incrementarían en un 25 por ciento.

Pero la vigilancia y protección de los colegios públicos de la Comunidad tampoco quedará fuera del ámbito de las nuevas brigadas de seguridad. En este sentido, Aguirre anunció que la delincuencia juvenil se combatirá con un vigilante de seguridad en cada colegio público de la región .

La primera fase de Bescam consistirá en la implantación de 30 bases operativas en todos los municipios que cuenten con más de 25.000 habitantes, una iniciativa que también se aplicará en aquellas áreas en las que -aun no contando con esta población- se detecten "circunstancias especiales" de seguridad ciudadana.

(04-07-2003) EL MUNDO

Siete hombres armados atracan una tienda de
electrodomésticos en el Parque Oeste de Alcorcón.
 

ALCORCÓN.- Siete individuos armados perpetraron anoche un atraco en un hipermercado de electrodomésticos del Parque Oeste de Alcorcón, donde maniataron al vigilante de seguridad y, tras apropiarse de diverso material, se dieron a la fuga en un camión.

El atraco tuvo lugar alrededor de las 23,30 horas en la tienda de electrodomésticos Boulanger, donde los individuos, que según el vigilante y único testigo, hablaban con acento sudamericano, irrumpieron tapando su rostro con pasamontañas y con guantes en las manos.

Los atracadores, que portaban una escopeta de cañones recortados y pistolas, maniataron al vigilante de seguridad y lo arrinconaron para que no pudiera ver el robo, aunque éste oyó como cargaban electrodomésticos de la tienda en un camión y, posteriormente, se daban a la fuga.

Una hora después, el vigilante logró liberarse y avisó a la policía, que está inspeccionando la zona y evaluando la cantidad de material robado y su importe económico.

(13-06-2003) EL MUNDO

Una cajera y el vigilante de un supermercado, heridos en un atraco en Ciudad Lineal.
 

MADRID.- Una cajera y un vigilante de un supermercado resultaron heridos leves, la primera por el impacto de una bala y el segundo por un golpe en la cabeza, durante un atraco ocurrido la tarde del jueves en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Según fuentes del Samur-Protección Civil y de la Jefatura Superior de Policía, los hechos ocurrieron sobre las 14.15 horas en el interior de un supermercado situado en el número 14 de la calle María Teresa Sáez de Heredia.

Al parecer, dos individuos armados irrumpieron en establecimiento y se apoderaron del dinero de una caja, tras lo que se dieron a la fuga.

Según el Samur, el vigilante presentaba una herida en la cabeza producida por objeto contundente, mientras que la cajera tenía una lesión leve también en la cabeza provocada por una bala que le alcanzó de rebote.

Ambos heridos, tras ser estabilizados, fueron evacuados al Hospital Doce de Octubre.

Agentes de las Brigadas de Policía Científica y Judicial, así como de la comisaría del distrito se trasladaron al lugar para investigar el suceso e intentar localizar a los autores.

Los atracadores, según la Policía Municipal, se dieron a la fuga en un vehículo Seat Toledo que figura como sustraído.

(22-09-2001) DIARIO DE LAS PALMAS

Interior investigará la vigilancia privada en parques desde que reciba denuncias.
 

El Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno en Canarias, abrirá expediente al Ayuntamiento de la capital grancanaria por destinar guardias jurados a la vigilancia de parques públicos no acotados desde que reciba la primera denuncia por parte de organizaciones sindicales, políticas o de cualquier otro ámbito, o de personas a título particular. Hasta ahora, el máximo órgano estatal en las Islas no ha recibido requerimiento alguno para que se investigue la contratación de vigilantes privados para los espacios libres de la ciudad, razón ésta, según fuentes cercanas al delegado gubernativo, Antonio López, por la que no se ha producido ninguna investigación del caso.

No obstante, las mismas fuentes confirmaron que la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior prohíbe, tal y como anunció ayer este periódico, que guardas de seguridad privada custodien espacios públicos no acotados (es decir, aquellos que no están vallados), información que se ha remitido a la mayoría de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

“La solicitud de información sobre las funciones de los vigilantes jurados la recibió la Delegación del Gobierno y nosotros la remitimos a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, que es la que ha informado a los sindicatos”, citaron las fuentes.

Del mismo modo, desde la Delegación del Gobierno se asegura que Antonio López no puede actuar de oficio en estos casos, “pero sí hacerlo cuando se reciba una denuncia” sobre el asunto. Por esa razón, hasta ahora “no se ha abierto ningún expediente” relacionado con el destino irregular de vigilantes jurados a la custodia de parques públicos no acotados.

Seguridad Integral Canaria, SA, a la que el Gobierno local del PP ha adjudicado la vigilancia de los parques de la ciudad por un importe de 1.200 millones de pesetas a abonar en cuatro años, destina guardias jurados a recintos abiertos como Hurtado de Mendoza, Los Músicos, Los Escritores, Santa Catalina, San Telmo, Juan del Río Ayala, Doctor Ponce Arias, Pablo Picasso, Hermanos Millares, Buenavista, Alonso Quesada y la trasera del cementerio de Las Palmas.

Solamente para recintos acotados

Según la reglamentación vigente del Ministerio del Interior sobre las funciones de los vigilantes jurados, que forma parte de la información enviada por su Secretaría General Técnica a varios sindicatos del Ayuntamiento (Intersindical Canaria y UGT, entre otros), éstos sólo pueden custodiar recintos cerrados o acotados.

Entre éstos se encuentran sólo algunos parques de Las Palmas de Gran Canaria: Las Rehoyas, Don Benito, Casablanca III, Castillo de La Luz y, dentro de algunos meses, el Doramas. El resto son abiertos y por lo tanto tienen prohibido ejercer en ellos su labor.

Los pilotos proponen llevar a bordo un guardia de seguridad.
 

Si no se ponen más controles en tierra, seguiremos vendidos",
critica el SEPLA.
El colegio oficial pide un sistema de doble escáner antes de subir al avión.

ANTONIO MADRIDEJOS. BARCELONA

La compañía israelí El Al reserva un asiento en sus vuelos a un cliente especial: un guardia de seguridad vestido de incógnito, desconocido para la tripulación. Sube y se apea como un pasajero normal. Teóricamente no lleva armas de fuego, muy peligrosas para el fuselaje del avión, pero sí está entrenado y equipado para hacer frente a un individuo --o varios-- armados con navajas. Los agentes se renuevan y rotan constantemente para no ser reconocidos. "Quizá no resuelva el problema de los atentados, pero ayudaría", opina Jorge Cano, jefe de la Vocalía Técnica del sindicato de pilotos SEPLA. Las compañías perderían una butaca de pago y tendrían que hacer frente a un sueldo. "Pero estamos hablando de seguridad, no?", dice Cano.

Esta es una de las muchas propuestas de los pilotos para mejorar la seguridad en el vuelo. No son nuevas, pero los atentados en EEUU las han puesto sobre el tapete. "Los protocolos de actuación en caso de secuestro inciden siempre en el diálogo, en no llevar la contraria, pero ahora nos enfrentamos a pasajeros dispuestos a suicidarse. Algo nuevo". Por dónde comenzar? Por la prevención, comenta Angel L. Marín, vocal de Seguridad en el Colegio Oficial de Pilotos: "Lo primero es evitar que el individuo peligroso se embarque. Es fundamental endurecer los controles en tierra". Una vez en el avión, "los pilotos están vendidos", según la definición de Cano.

CABINA PROTEGIDA

Aislar la cabina del piloto es una medida estúpida, dice Marín: "Los aviones no pueden ser cárceles. Es como exigir que los pasajeros levanten la mano para ir al baño". Además, cualquier medida técnica radical obligaría a renovar todos los aviones, algo impensable. "En caso de un accidente que afectase sólo a la cabina, el resto de la tripulación no podría entrar a socorrer al comandante --explica un piloto barcelonés--. Si unos terroristas comenzasen a matar a los pasajeros, el comandante abriría su puerta".
Debería empezarse por medidas tan sencillas, propone Cano, como prohibir los cubiertos de metal (disponibles en primera clase). Y añade: "Es inconcebible que un pasajero pase el embarque y en el dutty free se compre una navaja". De todas formas, punzones de cerámica, indetectables por el escáner, pueden ser armas tan peligrosas como el metal.

Si en un vuelo se han facturado 50 maletas, no pueden cargarse 52, explica Cano, pero "en muchos casos la tripulación no tiene acceso a ese dato", con el consiguiente riesgo de que uno de los paquetes vaya cargado de explosivos. El colegio oficial propone también un sistema de doble escáner --al facturar y justo antes de subir al avión--, aunque "en algunos aeropuertos no hay ni uno solo".
"No hay respuesta fácil --concluye el responsable del Colegio de Pilotos--.
Hemos de compaginar seguridad con agilidad y comodidad". "EEUU cambiará y cambiará todo", vaticina el delegado del SEPLA.

El plante de los vigilantes privados saca a la luz falta
de seguridad en el aeropuerto de Manises
 

La falta de vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Manises, acentuada por la negativa de la mayoría a realizar horas extra en plena negociación del convenio colectivo, ha puesto de manifiesto insuficiencias en la seguridad. La vigilancia privada del aeropuerto, que completa la labor del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, está en manos de Segur Ibérica. La firma tiene destinados a Manises unos 70 vigilantes, de los cuales, diariamente coinciden 43. Varios de ellos han alertado de que algún servicio ha quedado sin cubrir. Aena aseguró no tener constancia de ninguna deficiencia.

La seguridad privada en el aeropuerto de Manises se encarga del control de pasajeros antes del pre-embarque, el control de maletas previo al traslado a las bodegas de los aviones y la vigilancia del párking y de las zonas comunes y accesos exteriores a través de cámaras en una zona de control. Una estimación de los propios vigilantes privados indica que serían necesarios el doble de efectivos, ajustados al horario marcado por el convenio, para cumplir adecuadamente la vigilancia.

Durante estos años, los vigilantes han soportado turnos superiores a los que deberían llegando en algunos casos a doblar la jornada establecida, según explican algunos de ellos. 'Hay gente que ha hecho dos turnos seguidos', comenta uno de los vigilantes del aeropuerto.

Estos trabajadores, según explican, cobran poco y hacen más horas extra de las que la ley permite. En teoría, la jornada marcada en convenio habla de 164 horas y 27 minutos al mes y de un máximo de 80 horas extra al año. Una situación que no se ajusta a la realidad. 'Quiero tener un sueldo digno y no matarme a horas', comenta uno de ellos. El exceso de horas extra y el hecho de que, como explica otro vigilante, no se cumplan los descansos de 13 horas entre turnos se traduce en que baje la calidad del servicio. 'No tiene que pasar nada, pero el día que pase...', explican. 'Después de 12 horas en la cinta de maletas uno sólo ve bultos en la pantalla del escáner', añaden. La empresa sabe que la vulneración del límite de horas extraordinarias por trabajador entraña una posible sanción administrativa, pero tal y como explica uno de los vigilantes 'prefiere pagar la multa'.

La negativa a realizar horas extra que, según estimaciones sindicales, ha aceptado un tercio de los empleados del sector, es consecuencia de la situación de los vigilantes y una medida de presión ante el convenio colectivo, que desde mediados de mayo negocian a nivel estatal las cuatro patronales y los sindicatos UGT, CC OO y USO. Entre las reivindicaciones, los representantes de los trabajadores piden un aumento salarial del 20% (que por el momento la patronal deja entre el 14% y el 15%) sobre un salario base de 98.276 pesetas brutas, que unidos a los pluses, también en bruto, se convierten en 120.943 pesetas al mes, según fuentes de UGT.

La patronal propone que se regule la realización de 40 horas extra al mes, cuando la legislación especifica un máximo de 80 al año. En cualquier caso, la empresa privada concesionaria de la seguridad en Manises, no es la única del sector que vulnera el límite de horas extra, según los propios vigilantes y los sindicatos.

Este periódico ha tenido acceso a una denuncia presentada a la Inspección de Trabajo el 16 de julio de este año contra la empresa Vigilancia Integrada (Vinsa) por esta razón. La denuncia expone que la empresa obliga a los trabajadores 'a realizar jornadas superiores a las 164,27 solicitadas por ellos y reguladas en el convenio del sector, así como turnos de 12 y más horas seguidas de servicio no respetando el descanso de 13 horas entre la finalización de turno y el inicio del siguiente'.

Fuentes de la Inspección de Trabajo han indicado que otras tres empresas con fuerte presencia en el sector también han sido denunciadas por el mismo motivo. Lo que aparece como un conflicto laboral tiene consecuencias directas sobre la seguridad de este aeropuerto porque a la falta ya mencionada de vigilantes de seguridad se une la negativa de la plantilla a realizar horas adicionales.

Una situación que se traduce en que algunos controles no se realizan, como ocurrió en la madrugada del jueves 16 de agosto. En uno de los puntos en los que se controlan las maletas que van a las bodegas de los aviones no había ningún vigilante y se comprobó que su ausencia no era momentánea sino que el turno que discurre entre las 05.00 y las 13.00 horas no había sido cubierto.

La dirección de Aena en el aeropuerto valenciano, por su parte, evitó comentarios sobre lo que definió como un conflicto laboral de una empresa con la que subcontrata un servicio. La dirección de Manises, además, aseguró esta semana que no ha detectado ningún tipo de deficiencia en el servicio y que la empresa concesionaria de la seguridad cumple con las condiciones especificadas en el contrato. Un responsable en Valencia de la compañía Segur Ibérica afirma que 'los que no hacen horas extra ahora son los mismos que nunca antes las han hecho, un 30 ó 40% de la plantilla, y eso no está afectando al servicio, en absoluto, en todo caso afectará a quienes no quieren hacer uso de la posibilidad de aumentar su salario'.

(03-08-2001) LA VERDAD

Los vigilantes de seguridad privada no harán horas extras como protesta
 

Los trabajadores del sector de la seguridad privada de la provincia de Alicante no realizarán horas extraordinarias durante este mes, «como medida de presión», en señal de protesta por su situación laboral, medida que ya ha sido seguida por el 63% de estos empleados. Los responsables de Seguridad Privada de CC OO de la provincia de Alicante, Francisco González, de la Federación de Trabajadores de Vigilancia y Seguridad de USO, Antonio Reus, y de la comarca de l’Alacantí de UGT, Valeriano Barba, explicaron ayer la situación de estos trabajadores que, dijeron, llevan años reclamando mejores laborales.

«Un trabajador puede realizar a final de un año entre 800 y 1.200 horas extras, aparte de su jornada habitual, que es de 1.809 horas anuales», afirmó Reus.

González indicó que este sector «lleva varios años con retrocesos económicos, reclamando unas mejoras laborales que ahora no tenemos y el derecho a realizar o no realizar horas extraordinarias».

(29-08-2001) EUROPA PRESS

Un vigilante jurado, herido de gravedad tras un tiroteo en Torrejón de Ardoz
 

Un vigilante jurado resultó herido de carácter grave tras un tiroteo registrado en la sede de la empresa Fabripress, donde están ubicadas las rotativas que imprimen el diario "El Mundo", en Torrejón de Ardoz (Madrid), según señalaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.
A las 22.20 horas, el teléfono de emergencias recibió una llamada informándoles de que se había producido un tiroteo en la citada empresa, en la Avenida Constitución número 3 de la localidad madrileña.

En pocos minutos una UVI móvil del Sercam se desplazó al lugar de los hechos donde atendió al guardia jurado de una herida de bala sin orificio de salida en la zona derecha del tórax, que le provocó un neumotórax. Una vez atendido fue conducido al Hospital de la Princesa de la capital donde permanece en estado grave.

Un vigilante de seguridad fallece en accidente laboral en su primer día de trabajo
 

Un guarda de 28 años, natural de Santurtzi, perdió la vida en la madrugada de ayer en un pabellón del polígono de Agurain, en Salvatierra, al caerle encima el portón de la nave industrial que vigilaba, según informó un portavoz del Departamento de Interior del Gobierno vasco. Era su primer día de trabajo.

El fallecido, identificado como Urko Etxeberria, había sido contratado para custodiar las instalaciones que la empresa de logística Tibbet&Britten, que trabaja para Eroski, posee en el complejo de la localidad alavesa.

En una de sus rondas, hacia las las seis y media de la mañana, el joven recibió el impacto de uno de los portones de acceso al almacén, de unos ocho metros de altura y de alrededor de una tonelada de peso. La estructura le aplastó sin que tuviera tiempo de reaccionar.

Al percatarse del accidente, los otros dos vigilantes que trabajaban con la víctima avisaron inmediatamente a los servicios de emergencias. Los médicos de la ambulancia medicalizada de Osakidetza que se desplazaron hasta el lugar sólo pudieron confirmar la muerte del vecino de Santurtzi. El juez ordenó el levantamiento del cadáver hacia las 10.30 horas y su traslado al Instituto Anatómico Forense de Vitoria.

Sustitución de tres días

El joven guarda vizcaíno era empleado de la empresa Securitas, encargada de custodiar el almacén de Tibbet&Britten. Esta compañía custodia y distribuye para los centros comerciales del grupo Eroski diversos productos como electrodomésticos, juguetes y material electrónico o textil.

Era su primer día de trabajo en el pabellón y sólo iba a permanecer tres jornadas en el puesto, en sustitución de otro vigilante que está de baja. «El mismo había avisado a la empresa de que la puerta no estaba bien. No era estable», denunció ayer a este periódico uno de sus compañeros, muy afectado por la tragedia.

Según explicaron trabajadores de otras empresas ubicadas en el polígono industrial de Agurain, el mecanismo de apertura del portón era manual, por lo que es probable que Urko intentara entrar o salir del recinto cuando la estructura se salió de sus guías.

Canarias precisa unos mil vigilantes de seguridad pese a la falta de cualificación
 

La mitad de los 7.000 profesionales en las Islas ejercen ilegalmente esta actividad, pues no tienen la preparación necesaria, aunque son contratados por la Administración
Las Palmas de Gran Canaria

Canarias precisa entre 500 y 1.000 vigilantes de seguridad a sumar a los 7.000 existentes para completar las necesidades que presenta este sector. Un área, por otra parte, marcada por una serie de conflictos que han llevado a los vigilantes de seguridad a plantearse la realización de una huelga de no firmarse el convenio colectivo en breve.

Entre sus protestas destaca la falta de formación de casi la mitad de los trabajadores del sector, pese a que tal circunstancia hace ilegal su contratación, según explican desde el sindicato UGT. Y es que para cumplir con todos los requisitos precisos es necesario que un vigilante realice un curso de formación y tras su finalización haga unas pruebas físicas, psíquicas y de tiro en las dependencias policiales, que, de realizarse adecuadamente permiten obtener la habilitación por parte del Ministerio del Interior.

«Se distingue a un vigilante habilitado de uno que no lo esté por una placa de fondo blanco con letras doradas que portan los profesionales cualificados», explica el secretario sectorial provincial de la seguridad privada, Jose Juan Socorro.

Sin embargo, continúa, «son la mayoría en los parques, jardines o colegios de nuestras Islas, gente en su mayoría joven que además está saturada pues suelen trabajar por las mañanas y realizar los cursos de formación por las tardes, que por otra parte cuestan entre 200 y 300.000 pesetas».

Eso, en el caso de que encuentren plazas para los cursos y tengan el dinero preciso para realizarlos, pese a la enorme bolsa de trabajo existente en el sector. Pese a ello y a una experiencia anterior que se saldó muy positivamente, el Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) no se ha planteado realizar más cursos en este ámbito hasta el momento, pese a su reto declarado de obtener en breve el pleno empleo para las Islas.

Sin embargo, durante los años 1997 y 1998 sí contempló este campo, aunque, por lo visto, sin vocación de continuidad, logrando la incorporación de 200 jóvenes en este ámbito laboral. Mientras, otro tipo de cursos, como iniciación a la informática, que, pese a su importancia no permite, por sí solo, acceder a un puesto de trabajo, proliferan en las propuestas del órgano. Asimismo, las administraciones públicas no colaboran en la desaparición de los trabajadores no cualificados, aprobando contratos a empresas compuestas por trabajadores sin habilitación ya que ofrecen precios más baratos, expone Socorro. Y es que cabildos, ayuntamientos y Gobierno de Canarias contratan a más del 60% de los vigilantes en las Islas.

WWW.PREVENTION-WORLD.COM

La inseguridad laboral del vigilante
 

La seguridad privada es un sector que ya desde hace algunos años tiene una importancia considerable en las Islas, y que en el presente año supera los 1.300 efectivos con titulación. Recientemente, un estudio que hizo público el Govern reconocía que en el año 2002 el número de vigilantes de seguridad superará en Balears a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Sin embargo, este colectivo sufre una ‘inseguridad y precariedad laboral alarmante’, a los ojos de diferentes organizaciones sindicales, y en especial de la Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF).

Tres son los principales problemas, según el CSIF, que sufre el vigilante de seguridad. En primer lugar, según explica Rafael Puigros, secretario general de CSIF de Balears, «la ley de seguridad privada ha cambiado para peor, ya que amplía las funciones del vigilante a labores que antes ejercían la Policía Nacional o la Guardia Civil». Con la ley anterior, los profesionales del sector eran denominados Vigilantes Jurados, a través de un juramento a la Constitución en el Gobierno Civil. Bajo este nombre tenían la consideración de agente de la autoridad, un rango inferior al de un guardia civil o un policía, pero con capacidad de actuación. A partir de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, la situación tomó un nuevo rumbo. A los profesionales se les cambió el nombre a vigilantes de seguridad y se les arrebató la condición de agentes de autoridad. Pese a «los inconvenientes que eso ha provocado en los profesionales, más desprotegidos legalmente, éstos han visto como se les han ido sumando, día a día, atribuciones y responsabilidades», lamenta el portavoz de seguridad de CSIF Ramón Domingo.

Según indica Sebastián Oliver, otro de los portavoces de CSIF, los vigilantes «hemos visto como ahora tenemos que seguir custodiando dinero, tenemos que controlar el acceso a Administraciones públicas o controlar escáneres para la detección de explosivos, con casi el mismo poder de actuación que tiene un particular».

Las críticas a la ley son rotundas por parte del CSIF. Unas críticas que son extensibles al convenio colectivo, el segundo de los graves problemas del sector. CSIF califica el convenio como lamentable por situarse «por debajo del estatuto de trabajadores». Los representantes del sindicato denuncian «un documento firmado en Madrid por los sindicatos mayoritarios UGT, USO y CC OO, que provoca el incumplimiento de las horas laborales semanales, que no contempla la peligrosidad cuando no se porta armas, ni la toxicidad cuando se trabaja junto a un escáner». Según Oliver, el vigilante tiene mayor peligro de sufrir una agresión cuando no porta un arma, por su poder intimidatorio, por lo que «todos los vigilantes deberían cobrar el plus de peligrosidad, más si tenemos en cuenta el bajo salario que cobra el profesional». Al respecto, CSIF defiende el pago de un plus de responsabilidad extra a aquellos vigilantes que portan armas.